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1 de febrero, 2012

Estimado Pueblo de la Diócesis de Stockton,
El viernes, 20 de enero, 2012, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) tomó la decisión que casi todos los planes de salud privados tendrán que incluir  esterilización y anticonceptivos, incluyendo drogas que causen el aborto.  Una muy restringida “excepción religiosa” se le ha otorgado a algunos grupos si ellos sirven solo a personas con las mismas creencias en un lugar pequeño tal como una parroquia que emplee solo a personas de la misma fe.  Sin embargo, la Iglesia Católica ofrece sus servicios sociales y de salud a todos aquellos con necesidad.  En efecto, la decisión de la HHS presume definir como la Iglesia Católica o cualquier otra institución religiosa, debe de desempeñar su ministerio como expresión de fe.   Esencialmente dice que la libertad de religión solo pertenece a  la libertad de culto y enseñanza religiosa y no a la práctica de la libertad de religión en las instituciones de caridad sociales y de salud de la Iglesia.   Algunos han indicado la ironía que según esta definición, los milagros realizados  por  Jesús y su cuidado por todos aquellos que lo rodearon, no calificarían como algo religioso. 

Esta decisión representa una intrusión alarmante de parte del gobierno en los asuntos de la Iglesia Católica y de otras comunidades religiosas.  Esto requeriría que tuviésemos que pagar y proveer por medio de nuestra cobertura de seguro, por algo que la Iglesia enseña que es moralmente erróneo y que viola la enseñanza Católica.  Si esta decisión, no cambia, dejará a la Iglesia en una débil posición de requerir que viole su creencia de consciencia cada vez que provea el seguro de salud necesario para sus empleados. 

Las condiciones de este mandato son inconstitucionales y violan la Primera Enmienda, ya que el gobierno está mostrando su poder en legislar cuales ministerios Eclesiásticos son exentos y cuales no lo son.  El definir la religión de cualquier manera se encuentra fuera del poder gubernamental.  También instituye una prueba religiosa que determina cuales de nuestros ministerios proveen servicios a personas católicas y no católicas. 
Si el gobierno puede interferir en el trabajo de la Iglesia Católica, entonces puede interferir en cualquier organización religiosa y hasta en cualquier asunto interno de una organización religiosa. 

La Administración considera este mandato final.  Nos han dado hasta el 1 de agosto de 2013 para seguirlo.  ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Debemos explorar y seguir cada opción para repelar o dar reverso a este mandato injusto por medio de persuadir, abdicar, litigación y otros medios para proteger la libertad religiosa para todos.  Debemos especialmente convencer al Congreso de la necesidad de una acción legislativa que suspenda esta injusticia.  Usted puede hacer su parte haciendo contacto con sus legisladores federales para comenzar este proceso esencial. 

Les pido que se mantengan informados visitando este sitio www.usccb.org/conscience.  Les pido que recen para que la sabiduría y la justicia triunfen en nuestra  “nación bajo Dios con libertad y justicia para todos.” 

Sinceramente en Cristo,
Reverendo Stephen E. Blaire
Obispo de Stockton